27/04/2012
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que los "impuestos al consumo" -el IVA y los impuestos especiales- subirán el próximo año para recaudar 8.000 millones de euros y cumplir el objetivo de déficit el próximo año.
Para recaudar 8.000 millones de euros
- Guindos: subir impuestos en 'entornos depresivos' acelera la caída
- La recaudación serviría para reducir la imposición sobre el trabajo
- Esta medida ha sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que los "impuestos al consumo" -el IVA y los impuestos especiales- subirán el próximo año para recaudar 8.000 millones de euros y cumplir el objetivo de déficit del próximo año.
"Se va a producir una modificación de la estructura de la imposición en España, con una reducción de la imposición sobre el trabajo y un aumento sobre la imposición al consumo", ha afirmado De Guindos tras el Consejo de Ministros.
El ministro de Economía no ha concretado durante la rueda de prensa posterior al Consejo si con el consumo se refería al IVA, a los impuestos especiales, como carburantes, tabaco y alcohol, o ambos.
Sin embargo, en un corrillo con periodistas tras la rueda, ha confirmado que se trata de ambos. La subida del IVA que realizó el anterior Gobierno, del 16% al 18%, generó unos ingresos extras al Estado de 6.500 millones de euros.
El Gobierno había reiterado durante la campaña electoral y tras su llegada al poder que no haría una subida del impuesto.
El ministro ha remarcado que el FMI pedía "reducir la imposición sobre el trabajo", con lo que ha apuntado a que la subida de impuestos indirectos se compensará con bajadas en otros apartados.
Asimismo, ha argumentado que "el problema de la elevación de la imposición indirecta en entornos depresivos es que acelera la caída, por ello se hace en 2013".
De Guindos afirmó hace un mes que no subiría el IVA
El Gobierno cree que con las medidas presentadas a Bruselas, la economía crecerá 8,6 puntos porcentuales entre 2012 y 2020. Es decir, un punto por año, según Guindos. |
15/06/2012
El grueso de la reforma energética lo soportarán los consumidores y los contribuyentes. La citada reforma incluye un recargo en los carburantes, el llamado céntimo verde; una subida del impuesto de la electricidad, y una tasa general a la producción. Con ella, el Ejecutivo quiere aportar 4.300 millones al sistema.
El Ministerio de Industria ultimaba ayer el real decreto-ley con el que abordará la segunda fase de la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa. El proyecto normativo, que incluye esencialmente medidas fiscales, podría ser aprobado hoy por el Consejo de Ministros, según distintas fuentes del sector, aunque no se descarta que su aprobación se aplace a la reunión del próximo viernes, dado que los técnicos del ministerio que dirige José Manuel Soria seguían rematándolo ayer por la tarde.
Según las mismas fuentes, la reforma incluiría tres grandes medidas fiscales: la aplicación del llamado céntimo verde; un incremento del impuesto de la electricidad (medida esta que reconoció ayer Soria), y una tasa general sobre cualquier tipo de generación. Con todo ello, el Gobierno de Rajoy pretende aportar al sistema eléctrico 4.300 millones de euros, lo que ayudaría a poner coto al déficit de tarifa. La primera fase de la reforma, aprobada el pasado 30 de marzo, supuso una subida de las tarifas de 1.640 millones de euros y un recorte de los ingresos de las eléctricas de otros 940 millones, esencialmente de la distribución.
Respecto a la primera medida, se trata de un recargo en el impuesto de hidrocarburos de entre tres y cuatro céntimos por litro de carburante, con el que se pretende ingresar unos 1.500 millones de euros. Las petroleras se han opuesto con uñas y dientes a la introducción del llamado céntimo verde, pues, aunque lo repercutirán en el precio final a los usuarios, temen que esta subida tenga un efecto negativo sobre la demanda y, cada año, en el impuesto de sociedades que pagan.
Aunque los impuestos no son finalistas, se sobreentiende el compromiso del Gobierno para destinar los citados 1.500 millones a sufragar, por ejemplo, el coste de las primas de las renovables, que suponen más de un tercio de los costes de la tarifa de acceso. De esta manera, el sector petrolero haría su contribución a los objetivos medioambientales de la Unión Europea para 2020 y el coste del fomento de las energías limpias recaería no solo en los consumidores eléctricos, sino también en los usuarios del transporte.
Una segunda medida, que avanzó ayer de un modo confuso el titular de Industria, consiste "en un incremento de la imposición indirecta que grava la generación de energía". Fuentes próximas al Gobierno aseguran que se trata de un aumento del impuesto especial de la electricidad (actualmente del 5% de la factura) que, en teoría, grava la producción eléctrica y que las empresas repercuten en la factura a sus clientes. La recaudación se la llevan después las comunidades autónomas.
Dado que todos los impuestos especiales son repercutibles, los consumidores soportarían cualquier subida de este tributo, que se sumarían además a los inevitables incrementos de la tarifa. El Gobierno podría modificar este gravamen para que sus ingresos los cobre el Estado o este y las comunidades en dos tramos distintos. También este dinero iría a las arcas públicas, pero no directamente a recortar el déficit de tarifa.
Una tercera medida que se baraja es el establecimiento de una tasa general a la producción eléctrica, que, por ser tasa, sí sería finalista y se quedaría en el sistema eléctrico. Esta tasa gravaría cualquier tipo de producción (incluso la renovable). También en este caso su coste podría ser trasladado por las empresas al precio final de la energía, salvo la nuclear, la hidráulica y cierta renovable, que, frente a la térmica de carbón y gas, no influyen en la fijación del precio en el mercado mayorista (pool). |
Con toda seguridad, a partir de enero de 2013, la circulación de los productos objeto de los impuestos especiales, alcohol e hidrocarburos, será obligatorio realizarlo por EMCS. Este sistema permite el control de la Administración en la circulación de las mercancías sin utilizar el soporte papel. Actualmente se utiliza para la circulación intracomunitaria de estos productos..
En el ámbito interno, será obligatorio en las expediciones en régimen suspensivo, en supuestos de tipo reducido, con excepción de la venta en ruta, y los supuestos de exención.
http://www.emcs.es/Emcs/Inicio.html
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