Aunque siempre nos sorprende la cantidad de normas tributarias que se publican, es indudable que la crisis económica está multiplicando esta producción legislativa.
Independientemente de esta tendencia a la superproducción, también se observa otra muy clara: la subida de impuestos. Ello tiene su razón de ser en la necesidad de reducir el déficit público que tiene su causa principal en la disminución dramática de la recaudación.

Por ejemplo, el IRPF se incrementa, temporalmente en 2012 y 2013, añadiendo a las tarifas estatal y autonómica una tarifa complementaria, tanto para la base liquidable general como para la base liquidable del ahorro. Además, se suprime la deducción por adquisición de vivienda para los que no hayan podido entrar en el régimen transitorio (los que invirtieron en 2012 o años anteriores), o se crea un gravamen para los premios de loterías y apuestas que hasta ahora estaban exentos.

En el Impuesto sobre Sociedades, además de incrementar los pagos fraccionados para las entidades medianas y grandes subiendo el porcentaje de los mismos y estableciendo un importe mínimo en función del resultado contable, se suprime la libertad de amortización, se limita la compensación de bases negativas, se reduce la posibilidad de deducir gastos financieros o se recortan los porcentajes de amortización.
El Impuesto sobre el Patrimonio antaño suprimido, hemos visto como se restablecía, en principio para 2011 y 2012 y, por ahora, esta medida se ha extendido a 2013.

En el Impuesto sobre el Valor Añadido, a partir del 1 de septiembre pasado se vuelven a subir los tipos reducido y general, del 8 al 10% el primero y del 18 al 21% el segundo.

En cuanto a medidas ventajosas, principalmente podemos apuntar las extraordinarias de la Declaración Tributaria Especial que permitió, a sociedades y personas físicas, aflorar elementos adquiridos hasta 31 de diciembre de 2010 con rentas no declaradas, la posibilidad de repatriar dividendos o la actualización de balances que se podrá hacer en estos primeros meses de 2013.

También en octubre vio la luz la Ley 7/2012 de medidas contra el fraude fiscal, de cuyos preceptos sólo recogemos parte en este trabajo, sin entrar en todo lo referente a responsabilidad tributaria o medidas en materia de recaudación.