Con esta nueva ley, el Estado español trata de reforzar el principio de equidad del sistema tributario, en virtud que las operaciones que ahora se someten a tributación con carácter general no se encuentran sujetas a impuesto lguno en el ámbito de la imposición indirecta.
Así, tenemos que se incluye en esta novísima ley, entre otras cosas, el sometimiento a gravamen de los certificados de depósitos representativos, provenientes de la adquisición onerosa de acciones de sociedades españolas. Pero no se aplicará a toda adquisición de acciones, sino que se limita a las acciones de aquellas sociedades que tengan acciones admitidas a negociación en un mercado regulado, con independencia de que la transacción se ejecute o no en un centro de negociación, y que además tengan un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros. Con este umbral se pretende que el impuesto afecte lo menos posible a la liquidez del mercado, al tiempo que se garantiza un porcentaje muy elevado de la recaudación potencial del impuesto.
