El largo camino hacia una nueva directiva

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La directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003 reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.




En la actualidad la imposición de los productos energéticos utilizados como combustible de automoción o combustible para calefacción y de la electricidad, es regulada por la directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.

En las casi dos décadas transcurridas desde su aprobación, muchos han sido los cambios de conciencia operados en la sociedad europea, y los compromisos internacionales asumidos por la Unión Europea. En este mismo sentido se pronunciaba el Consejo de la Unión Europea en las conclusiones de 05 de diciembre de 2019.  Las principales conclusiones de la evaluación de la Comisión son las siguientes:

  • La amplia gama de exenciones y reducciones de facto favorece el consumo de combustibles fósiles.
  • La Directiva no promueve de forma adecuada la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética o los combustibles alternativos (hidrógeno, combustibles sintéticos, electrocombustibles, biocombustibles avanzados, electricidad, etc.).
  • La Directiva ha dejado de cumplir su objetivo principal en relación con el correcto funcionamiento del mercado interior.
  • La reestructuración de la fiscalidad de la energía y la reducción de las subvenciones en favor de los combustibles fósiles contribuyen a la neutralidad climática y a la sostenibilidad de la economía de la UE.

El 11 de diciembre de 2019, la Comisión Europea pública el Pacto Verde Europeo, un amplio documento que recoge la política de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea, planteando como horizonte el 2050 para transformar la Unión Europea en “en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos”.

En la actualidad, se prevé que de seguirse las políticas vigentes solo se conseguiría haber reducido las emisiones un 60% en el año 2050 con respecto de las emisiones de 1990. El objetivo de los cambios legislativos planteados en el Pacto Verde Europeo debe conseguir que la reducción de emisiones haya logrado como mínimo el 50% para el año 2030.

Poniendo el foco en la materia fiscal, se da especial importancia a la necesidad de modificar la fiscalidad para que se encuentre alineada con los objetivos climáticos, proponiéndose la revisión de la Directiva 2003/96/CE.

Además, se prevé la adopción de medidas que eviten la llamada “fuga de carbono” (por el traslado de la producción a terceros países con una regulación menor, o la substitución de los productos europeos por productos importados con un uso más intensivo en carbono), que estarán encaminadas a establecer un mecanismo de ajuste de carbono en la frontera, para que el precio de las importaciones refleje el contenido en carbono.

En relación con el transporte, se prevé la desaparición de las subvenciones a los combustibles fósiles, y se revisarán las exenciones fiscales actuales, particularmente para los combustibles del transporte aéreo y marítimo. Así mismo, se apoyará el despliegue de puntos de recarga y repostaje para vehículos de emisión cero o baja emisión, y se propondrán cambios legislativos tendentes a impulsar la producción y utilización de combustibles alternativos sostenibles para los diferentes modos de transporte. Además, la Comisión revisará la Directiva sobre los combustibles alternativos y el Reglamento sobre las Redes Transeuropeas - Energía para acelerar la generalización de vehículos y buques de emisión cero y de baja emisión.

Así, las reformas fiscales previstas deberán suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles, desplazar la carga tributaria desde el trabajo hacia la contaminación y tener en cuenta las consideraciones sociales. Análisis Normativo