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La modificación sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética (SNOEE), introducida por la Disposición final novena del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, supone cambios relevantes del sistema español de eficiencia energética.
Desde un punto de vista material, la reforma introduce tres modificaciones (a) la ampliación de sujetos obligados para incluir a nuevos agentes que adquieren energía fuera de los canales mayoristas; (b) la sustitución del sistema de cálculo basado en ventas del año n-2, por un modelo basado en la actividad real del ejercicio; y (c) la reformulación del régimen sancionador, vinculando la gravedad de la infracción a la cuantía efectivamente dejada de ingresar.
Ampliación de los sujetos obligados
El sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética se había configurado como un mecanismo en el que únicamente las comercializadoras y los operadores al por mayor asumían una cuota anual de ahorro energético. Este objetivo podía cumplirse mediante aportaciones económicas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) o, de forma alternativa, mediante la acreditación de ahorros a través de la aportación de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
Sin embargo, la evolución del mercado energético ha puesto de manifiesto la existencia de determinadas situaciones que permitían evitar, al menos parcialmente, la contribución al sistema. En particular, el incremento progresivo de las obligaciones económicas asociadas al SNOEE ha incentivado que grandes consumidores y distribuidores optasen por adquirir energía directamente, evitando así su consideración como sujetos obligados. Esta circunstancia generaba un efecto distorsionador, en la medida en que una parte creciente de la carga recaía sobre los operadores y las comercializadoras y, en última instancia, sobre sus clientes finales.
La reforma aborda esta cuestión mediante la ampliación del ámbito subjetivo del sistema, incorporando a los distribuidores al por menor en la parte de sus ventas no suministradas por operadores al por mayor y a los consumidores directos de mercado de gas y electricidad y a los consumidores de productos petrolíferos o GLP por la parte de su consumo no suministrado por operadores al por mayor o distribuidores al por menor. Esta extensión encuentra su fundamento en el principio de no discriminación y en la coherencia con la normativa sectorial, que ya reconoce a estos agentes derechos y obligaciones equivalentes a los de comercializadores y operadores, como es el caso de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, reducción de intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero o mezcla de biocarburantes. De este modo, se pretende evitar ventajas competitivas indebidas y asegurar una distribución más equilibrada de las cargas derivadas del sistema.
Metodología de cálculo de las obligaciones de ahorro energético
En el sistema anterior, la obligación se determinaba a partir de las ventas de energía correspondientes al año n-2, lo que permitía conocer con antelación el importe aproximado de la contribución anual. Este enfoque facilitaba la planificación, pero generaba desajustes relevantes entre la obligación asignada y la actividad real del sujeto obligado en el año de cumplimiento.
Con la reforma, la obligación pasa a calcularse aplicando una tasa de ahorro de energía final, fijada para cada ejercicio, sobre las ventas o consumos reales del propio año. En consecuencia, la obligación deja de estar predeterminada al inicio del ejercicio y pasa a depender directamente de la actividad efectiva desarrollada durante el mismo.
Desde un punto de vista práctico, esto implica que el sujeto obligado deberá estimar durante el ejercicio su volumen de ventas o consumos de energía final, aplicar sobre dicho volumen la tasa de ahorro que se establezca normativamente para ese año, y ajustar posteriormente su obligación en función de los datos reales consolidados al cierre del ejercicio.
Este cambio introduce un mayor grado de incertidumbre, ya que la obligación final no podrá determinarse con precisión hasta el cierre del ejercicio, y obliga a los sujetos obligados a realizar un seguimiento continuo de su actividad para evitar desviaciones significativas.
Asimismo, la nueva metodología elimina la posibilidad de eludir la obligación mediante la baja en la actividad o la reorganización societaria antes del inicio del año de cumplimiento, al vincular directamente la obligación a la actividad real desarrollada en dicho ejercicio.
No obstante, la aplicación efectiva de este nuevo modelo queda condicionada a su desarrollo reglamentario, que deberá concretar aspectos esenciales como la determinación de la tasa de ahorro, los mecanismos de liquidación y los posibles ajustes posteriores.
Cambios en el régimen sancionador
La reforma también incorpora ajustes en el régimen sancionador con el objetivo de dotarlo de mayor coherencia y proporcionalidad. La redacción anterior presentaba lagunas relevantes, especialmente en relación con las conductas consistentes en el ingreso parcial de las obligaciones económicas.
En particular, se modifica la tipificación de las infracciones relacionadas con el impago de las aportaciones al FNEE, de forma que no solo se sanciona la falta de ingreso total, sino también el ingreso parcial, graduando la infracción en función de la cuantía efectivamente no ingresada.
En definitiva, la reforma corrige tres de debilidades del SNOEE en su regulación anterior, la delimitación del conjunto de sujetos obligados, la desconexión entre obligación y actividad real y el régimen sancionador. El resultado es un sistema más equitativo, más difícil de eludir y mejor alineado con el principio de proporcionalidad y con la evolución del mercado energético.
