En el presente caso, la Audiencia Nacional desestimó el recurso interpuesto por el obligado tributario contra la decisión dictada por el TEAC, que confirmó el acuerdo de resolución del procedimiento sancionador dictado por la AEAT, relacionado con el IVA del año 2014.
El recurrente interpone recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia dictada por la AN, alegando, entre otras cosas, que la Administración vulnera principios constitucionales, la normativa del sector público, y la jurisprudencia del TJUE, especialmente en relación con la proporcionalidad de la sanción; por lo que solicita que se determine si un juez puede anular una sanción fija (10%) por no consignar cantidades en autoliquidaciones, cuando la ley no permite modular la sanción en función del perjuicio económico o fraude. La Abogacía del Estado se allanó en sus pretensiones, al considerar que, efectivamente, le asistía la razón al obligado tributario.
El Tribunal Supremo, visto el allanamiento de la propia Administración, dicta sentencia estimatoria del recurso, casa y anula la sentencia de la Audiencia Nacional, anulando, de igual modo, la sanción impuesta por la AEAT, al considerar que el órgano jurisdiccional puede anular la sanción impuesta por la infracción del artículo 170.Dos.4ª LIVA, al apreciar que vulnera el principio de proporcionalidad que estable el Derecho de la Unión.
