Se interpone recurso de casación, mediante el cual el recurrente solicita que se declare que, al tratarse de deudas derivadas de liquidaciones vinculadas a delitos, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 95 bis .3 LGT, por cuanto no le corresponde a los órganos de la Administración tributaria, la potestad sancionadora.
Así mismo, indica que la inclusión de cualquier persona -física o jurídica- en la lista de morosos, es violatoria del derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia y a la protección de datos personales, reconocidos como derechos en los artículos 18.1, 24.2 y 18.4, respectivamente, de la Constitución.
El Tribunal Supremo fija jurisprudencia, siguiendo el criterio de las recientes sentencias de 20.01.2023 y de 25.01.2023, donde se señaló, entre otras cosas, que "el demérito y el descrédito del así incluido, de resultar a posteriori incorrecta su publicación, con el consiguiente quebranto reputacional, de consecuencia no solo morales sino también patrimoniales, difícilmente podrían ser suficientemente reparados por la sola declaración de la incorrecta inclusión en la citada lista". Por último, señala que "la publicidad de los datos personales del condenado por delito contra la Hacienda pública... requiere inexcusablemente la condena penal firme, lo que significa que en ningún caso podrán ser objeto de la menor publicidad los datos relativos a los contribuyentes sometidos a un proceso penal en tanto condena, en su caso, no tenga lugar".
